El desgaste de la salud mental de los niños y adolescentes tiene consecuencias sobre el estado psicológico del profesorado. Para ayudar a los docentes con la gestión diaria de sus emociones y las de los estudiantes, cada vez más autonomías prestan atención psicológica y jurídica para lidiar con los problemas en el aula. Ya son 13 las comunidades que disponen de servicios gratuitos que ayudan a gestionar los casos más complejos de acosos y suicidios de alumnos, para así frenarlos a tiempo. Andalucía y Aragón han sido las últimas en sumarse, este mes, mientras que Galicia prepara una ley para contar en 2026 con psicólogos y juristas especializados en el ámbito escolar.
