La Renfe que domina el transporte ferroviario de viajeros en España se revuelve ahora en el tablero de la libre competencia, donde disputa los usuarios de la alta velocidad a Iryo y Ouigo. La empresa pública afronta con gran resistencia un mandato del Congreso de los Diputados que le obliga a restablecer el 1 de enero las compensaciones previas al verano de 2024 por retrasos del AVE y demás servicios comerciales de larga distancia. Los minutos de demora que dan derecho a devoluciones subieron entonces, restándose garantías al cliente, porque la situación era ruinosa entre el incremento de servicios, viajeros e incidencias. Una disposición adicional a la Ley de Movilidad Sostenible, impulsada por el Partido Popular, obliga al Gobierno al cambio y Renfe lo ve contrario a reglamentos de la UE. El presidente de la compañía, Álvaro Fernández Heredia (Madrid, 1980), cree que no habrá variación en la política comercial de la operadora con el cambio de año, y defiende, informe jurídico en mano, que la enmienda es inconstitucional: “Fue un tortazo al Gobierno en la cara de Renfe”.
