Abrir una planta o ampliar un negocio exige calcular cuánto costarán el terreno, la maquinaria y los trabajadores. Pero hay otra pregunta que puede cambiar toda la cuenta: ¿qué pasa si alguien incumple un contrato o surge una disputa por la propiedad? Entre las empresas afiliadas a Coparmex , la incertidumbre sobre la respuesta del nuevo Poder Judicial ya pesa en las decisiones de inversión .

El efecto más concreto es que 28.8% de las empresas consultadas redujo o pospuso proyectos por la reforma judicial . Otro 38.9% señala que ahora actúa con mayor cautela antes de invertir . La preocupación, por tanto, tiene dos expresiones: proyectos que ya sufrieron un ajuste y decisiones que requieren más cuidado antes de recibir luz verde. Los datos corresponden a la primera medición del Monitor Judicial de Data Coparmex, con la participación de 3,721 empresas afiliadas a sus 71 centros empresariales. En conjunto, 67.8% reportó un impacto negativo de la reforma en sus decisiones de inversión o expansión, mientras que 3.6% identificó efectos positivos.

¿Por qué pesa la justicia en las inversiones? La conexión entre un tribunal y una inversión puede parecer distante, hasta que aparece un conflicto. Un proyecto depende de que los contratos se cumplan, de que la propiedad esté protegida y de que existan mecanismos para reclamar frente a una decisión de la autoridad. Si una empresa percibe que esos mecanismos son menos previsibles, la incertidumbre entra en sus cálculos: importa cuánto puede ganar, pero también qué tan difícil sería defender lo que puso en juego. En la encuesta, 55.9% considera que disminuyó la certeza sobre la protección de la propiedad, el cumplimiento de los contratos y el acceso al amparo . Apenas 3.3% percibe una mejora. Ese es el vínculo que plantea el análisis de Coparmex: la desconfianza en la respuesta judicial puede elevar las precauciones que una empresa toma antes de comprometer recursos. Protegerse también cuesta La reacción tampoco se limita a esperar, ya que 46.3% de las empresas encuestadas ya cambió su estrategia de protección jurídica, con ajustes en contratos, mecanismos de arbitraje, seguros o estrategias de litigio. Otro 34.5% evalúa modificaciones. Así, 80.8% ya tomó medidas o analiza cómo reforzar su protección . Para Coparmex, esa necesidad convierte la incertidumbre en un costo adicional de operación.

El organismo empresarial no precisa cuánto han aumentado esos gastos ni el valor de las inversiones que se redujeron o aplazaron. Los resultados muestran las percepciones y decisiones reportadas por las empresas participantes; no permiten calcular una pérdida de inversión para toda la economía mexicana. Pero sí describen un cambio relevante dentro de ese grupo: además de evaluar las condiciones comerciales de un proyecto, las empresas revisan qué recursos necesitan para protegerlo.

La prueba será resolver El nuevo Poder Judicial también recibe problemas anteriores a la reforma. Entre ellos está el rezago: según cifras del Órgano de Administración Judicial citadas por Coparmex, 210,459 asuntos federales reportados como integrados y susceptibles de resolución, equivalentes a 62.7%, acumulan más de 90 días sin sentencia. La demora añade otra dimensión al problema. Contar con una vía para defender un derecho ofrece una protección incompleta si la resolución tarda y el conflicto permanece abierto. Por eso, el organismo empresarial propone evaluar el nuevo modelo con indicadores sobre tiempos de resolución, acceso a la justicia, independencia de los juzgadores, previsibilidad de los criterios y protección efectiva de los derechos. La pregunta para las empresas es concreta: si surge una disputa, ¿podrán resolverla con reglas claras y en un plazo útil? De la confianza en esa respuesta depende también que un proyecto pase del papel a la inversión.

]]>