México busca atraer capital extranjero, pero también quiere revisar con mayor detalle quién controla empresas vinculadas con energía, infraestructura, tecnología y datos personales. La reforma a la Ley de Inversión Extranjera de Claudia Sheinbaum avanzó en comisiones del Senado, la cual propone un filtro de seguridad nacional para determinadas adquisiciones, con la participación de Defensa y Marina. Sus promotores lo presentan como una herramienta de protección; sus críticos advierten que puede complicar la llegada de inversiones.

Las comisiones unidas de Economía y de Estudios Legislativos Primera aprobaron el dictamen este 29 de septiembre y acordaron remitirlo al pleno, donde se discutirán las reservas. La propuesta todavía debe continuar su proceso legislativo antes de convertirse en una obligación para los inversionistas. El debate expone una tensión: cómo proteger activos estratégicos sin añadir incertidumbre a las empresas que buscan invertir. Mientras los legisladores a favor sostienen que la apertura económica requiere controles frente a nuevos riesgos, las voces críticas cuestionan los plazos, la amplitud de los sectores y los criterios para impedir operaciones. Las objeciones también surgieron desde el bloque aliado de Morena, pues la senadora del PT, Yeidckol Polevnsky, advirtió que el mecanismo puede contradecir los esfuerzos del gobierno para atraer inversiones y cuestionó que México tome como referencia criterios de revisión de Estados Unidos . La senadora sostuvo que ese modelo tiene sesgos contra países asiáticos , principalmente China, y advirtió que trasladar criterios de otra legislación puede entrar en tensión con la soberanía que la reforma busca proteger.

Qué inversiones se revisarían El mecanismo no se plantea como una autorización adicional para cualquier inversión extranjera, según la explicación del dictamen durante la reunión, la revisión previa aplicaría cuando coincidan tres condiciones: una participación extranjera superior al 49%, activos por encima del umbral que determine la comisión y presencia en alguno de los sectores sujetos a escrutinio. Entre los ámbitos mencionados están infraestructura energética, transporte, comunicaciones, minería y sistemas digitales . También aparecen inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías cuánticas, nucleares y aeroespaciales, además del acceso a datos personales e información sensible. La premisa de la reforma es que una adquisición puede tener consecuencias más allá del monto que ingresa al país: también puede cambiar quién controla infraestructura, tecnologías o información necesarias para su funcionamiento. “La inversión extranjera no puede valorarse únicamente por su monto”, sostuvo el senador Alejandro García Monroy, quien defendió que la evaluación considere los sectores donde se establece el capital, las capacidades que genera y el control que adquiere sobre activos indispensables.

Seguridad frente a apertura El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, explicó que la legislación ya permite impedir determinadas adquisiciones por seguridad nacional, pero carece de un procedimiento suficientemente desarrollado para ejercer esa facultad. La reforma propone establecer un mecanismo específico: la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras podría declarar viable una operación, sujetarla a medidas para mitigar riesgos o impedirla cuando existan razones de seguridad nacional. “México no tiene que escoger entre inversión y soberanía. Podemos y debemos tener ambas”, afirmó Huerta. Los promotores señalaron que Estados Unidos, Canadá, Australia y países europeos cuentan con mecanismos de revisión. Bajo ese argumento, defendieron que México debe fortalecer sus capacidades para evaluar operaciones en una economía donde infraestructura, tecnología y datos tienen un peso estratégico. Defensa y Marina votarían Uno de los cambios centrales es la ampliación de la comisión de 10 a 14 integrantes. La propuesta incorpora con voz y voto a Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. En asuntos de seguridad nacional también participarían, con voz pero sin voto, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera. El PAN cuestionó el voto de las instituciones militares en un órgano de naturaleza económica y civil. Los defensores respondieron que 12 de las 14 dependencias con voto serían civiles y que la revisión requiere conocimientos especializados sobre infraestructura, tecnología y seguridad. Plazos bajo cuestionamiento Las comisiones redujeron de 60 a 45 días hábiles el plazo propuesto para resolver las solicitudes. Sin embargo, en asuntos de seguridad nacional, el vencimiento del plazo no implicaría una autorización automática. El senador Miguel Márquez Márquez, del PAN, advirtió que nuevos requisitos, solicitudes de información y tiempos de espera pueden influir en las decisiones empresariales. También cuestionó que la comisión pueda ampliar el catálogo a actividades análogas o de naturaleza similar, pues considera que eso reduce la previsibilidad para los inversionistas. Para los críticos, el problema está en la posibilidad de que las empresas desconozcan de antemano qué riesgos justificarían una negativa o qué actividades podrían incorporarse después al mecanismo.

Yeidckol advierte contradicciones Polevnsky planteó que la reforma necesita una definición más precisa de seguridad nacional en materia económica. A su juicio, la amplitud del concepto puede dificultar que los inversionistas identifiquen qué operaciones estarán sujetas a revisión y bajo qué criterios se evaluarán. También cuestionó el costo de los tiempos de espera. Aunque reconoció la reducción del plazo, subrayó que se trata de días hábiles y que una autorización pendiente puede representar gastos importantes para una empresa. La senadora contrastó esas exigencias con las acciones del gobierno para atraer capital, entre ellas los incentivos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Su preocupación es que un nuevo procedimiento complique las inversiones que otras políticas públicas buscan facilitar. “El gobierno de México ha hecho trabajos muy importantes para traer inversión extranjera”, señaló. Después de mencionar el Corredor Interoceánico, advirtió: “Pero con esto desincentivas todo”.

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