La Cámara Minera de México (Camimex) hizo una denuncia pública ante la privación de la libertad de 10 mineros en el estado de Sinaloa, específicamente en el municipio de Concordia. Se trata de ingenieros y personal técnico vinculados a empresas mineras que desarrollan actividades en la entidad. De aceurdo con la camára, desde hace más de una semana se desconoce su paradero y condición física.

José Ángel Hernández Vélez Francisco Antonio Esparza Yáñez José Manuel Castañeda Hernández Saúl Alberto Ochoa Pérez Antonio de la O Valdez Ignacio Aurelio Salazar Flores José Antonio Jiménez Nevárez Javier Emilio Valdez Valenzuela Javier Guillermo Vargas Valle Miguel Tapia Rayón

Las organizaciones que integran al sector minero nacional expresaron su preocupación por la integridad y la vida de los trabajadores afectados, así como por el clima de inseguridad que enfrenta la industria. “Nos solidarizamos plenamente con sus familias, colegas y comunidades, y reiteramos que toda persona que trabaja en la minería merece condiciones de seguridad y dignidad para desempeñar su labor. Este lamentable hecho no es aislado: la inseguridad que enfrentan diversos sectores en las regiones mineras se ha convertido en un riesgo permanente”, señala el comunicado. Los 10 mineros privados de la libertad, por quienes se exige su presentación con vida, son:

Las asociaciones del sector destacaron que la minería formal aporta bienestar económico y desarrollo social a más de 696 comunidades en el país, por lo que rechazaron categóricamente cualquier acusación de vínculos con la delincuencia organizada. “Hemos sido víctimas de la misma, tanto mineros como trabajadores, habitantes de comunidades, periodistas y contratistas, por lo que hacemos un nuevo llamado para mejorar las condiciones de seguridad en las regiones mineras”, señalaron. Asimismo, indicaron que mantienen una relación permanente de colaboración con las autoridades y reiteraron su total disposición para contribuir con las investigaciones correspondientes. Finalmente, el sector minero subrayó la necesidad de contar con condiciones de seguridad para el desarrollo de su actividad y advirtió que la violencia y la impunidad no pueden normalizarse ni aceptarse como parte del entorno operativo de ningún sector productivo.

]]>